PRIMERA EXHUMACIÓN EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS

A principios de este mes hallábamos titulares en la prensa que informaban de la sentencia por la que un juez ordenaba la realización de la primera exhumación en el Valle de los Caídos. Hito que podría calificarse de histórico, debido al blindaje al que se ha visto sometido dicho “templo”, que nos recuerda aún hoy los horrores que nos dejó el franquismo, bien sea por modificaciones legislativas, reducción de dinero presupuestario destinado a la memoria histórica o incluso por chantajes basados en la “no necesidad de remover el pasado”.

El caso

Este hito judicial tiene origen en el procedimiento iniciado por la vía civil por parte de la nieta y sobrina de dos víctimas enterradas en el Valle de los Caídos en el año 1959, trasladados desde Calatayud tras ser fusilados por miembros de la Falange durante la Guerra Civil.

La familiar de los fusilados, junto con su abogado, ya había iniciado sendos procedimientos por vía penal y contencioso administrativa, llegando incluso al Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, ante la imposibilidad de llegar a puerto por las citadas vías, en el año 2014, se decidieron a acudir a la vía civil iniciando el procedimiento “para la aprobación y protocolización de información de perpetua memoria o ad perpetuam memoriam”. Suerte que iniciaron esos trámites en el año 2014, ya que en julio del pasado año 2015 se reformó la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 1881, reforma que anulaba los artículos que contemplaban el citado procedimiento. No obstante y a este respecto, algunos juristas consideran que la reforma realizada en la citada norma no implica el cierre definitivo de esta vía, ya que, aunque el procedimiento de perpetua memoria fuera suprimido, el artículo primero permite de forma amplia cualquier tipo de reclamación judicial.

El auto

Así, tras este periplo judicial, el Juzgado de San Lorenzo del Escorial número 2 ha reconocido, por primera vez, la exhumación de dos cuerpos en el Valle de los Caídos, adonde fueron trasladados desde Calatayud, Zaragoza, en 1959, todo ello con en el marco de reconocimiento al derecho de a una sepultura digna de los familiares de la demandante.

Este auto en el que se reconoce dicho derecho constituye un hito en esta materia ya que se trata de la primera resolución judicial que reconoce la digna sepultura de dos víctimas del franquismo tras la pertinente exhumación en el Valle de los Caídos, reconocido símbolo del franquismo, cuya construcción fue ordenada por el propio Franco para conmemorar el 20 aniversario del fin de la Guerra Civil.

En el citado auto, el juez afirma que con este procedimiento se puede realizar la exhumación de los cuerpos basándose en un auto de fecha 28 de marzo de 2012 del Tribunal Supremo en el que se dijo que a través de la jurisdicción civil los familiares de víctimas pueden regularizar su situación para darles una sepultura digna. A este respecto, el juez de San Lorenzo del Escorial añade que a esa regularización habría de añadirse la entrega de los restos cadavéricos a los familiares, ya que podría entenderse este como un derecho accesorio al reconocimiento que realizó en 2012 el Alto Tribunal.

Además, el juez destaca que el derecho a una sepultura digna está estrechamente ligado a la dignidad de todo ser humano, derecho recogido en el artículo 10 de la Constitución española, formando, a su vez, parte del contenido esencial del derecho a la libertad religiosa (artículo 16 de la Constitución española). Dentro de este último derecho ha de entenderse incardinado el derecho de toda persona a ser inhumada conforme a los ritos y prácticas de la religión que profese, todo ello con independencia de la forma en la que la persona haya muerto, tal y como establece la propia Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

El Juez, además, considera que dadas las circunstancias en que murieron las víctimas del caso concreto no se puede tener certeza de que los restos se hallen en el Valle de los caídos, pero entiende que existe una alta probabilidad de que así sea, debido a datos aportados por Patrimonio Nacional sobre los 81 restos cadavéricos trasladados desde Calatayud. Por ello, entiende que procede la búsqueda, identificación y digna sepultura de las víctimas, cuya identificación se realizará por medio de ADN.

En el auto, el juez asevera que la Ley de Memoria Histórica no es aplicable a este caso, sino que todas las circunstancias y los derechos reconocidos en esta resolución judicial son aplicables única y exclusivamente al caso concreto que le ocupa.

 

Y después de la resolución, ¿qué pasará?

Patrimonio Nacional ya ha reaccionado ante este auto: si bien ha manifestado no oponerse a la exhumación en el Valle, afirman que la resolución no ha adquirido firmeza, por lo que no llevarán a cabo dicho trabajo hasta que esto suceda.  En realidad, ninguna de las partes personadas en la causa ha recurrido la resolución en el plazo previsto para ello; tampoco Patrimonio Nacional, que no es parte legítima para recurrir al no estar personado en la causa.  Asimismo, Patrimonio ha aducido que no han recibido la ejecución de la sentencia para poner en marcha el proceso, pero esto no resulta necesario ya que, como decíamos, no se hallaban personados en la causa.

Por ello, ha sido la propia familia la que ha solicitado mediante escrito a Patrimonio Nacional que ejecute la orden del juez. Además, han propuesto que sea el forense Francisco Etxeberria quien lleve a cabo los trabajos de exhumación. Este escrito ha sido ya registrado en el Instituto Nacional de Administración Pública, quien deberá dar traslado a Patrimonio Nacional. De no responder en los próximos 45 días, la familia recurrirá ante el Tribunal Supremo.

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