EL AFORAMIENTO, ¿UN PRIVILEGIO SÓLO DE LOS POLÍTICOS?

Mucho se ha venido hablando en diversos medios de comunicación durante meses, incluso años, sobre el aforamiento de los políticos y el blindaje que a veces conlleva este “privilegio” para los miembros de dicha categoría social.  Sonado está siendo el caso de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quien se le dio su acta de senadora de forma precipitada para poder ser aforada y que así pudiera esquivar su investigación por el caso del presunto blanqueo realizado por el grupo municipal que ella encabezó durante sus 24 años como alcaldesa -si bien ha “declarado” por escrito ante el juez instructor- y que durante las últimas semanas ha sido foco de noticias, reportajes y debates. ¿En qué consiste realmente el aforamiento?, ¿es un privilegio?, ¿es algo exclusivo de los políticos o existen más aforados en España? ¿Existe la figura del aforamiento en otros países de nuestro entorno?

¿En qué consiste ser aforado?

Intentando dar una definición sencilla y escueta, se entiende por “aforada” a aquella persona que, por razón de ostentar cierto cargo público o profesión, tiene derecho a ser juzgado por un tribunal diferente al que le correspondería a un ciudadano de pie en caso de investigación por comisión de un delito.

El fundamento de la existencia de este privilegio radica, teóricamente, en la exigencia de proteger a los aforados de la posible animadversión que algunos ciudadanos pueden tener hacia ellos y que, por ello, pudieran proceder contra ellos movidos por razones políticas.

Resulta importante reseñar que el aforamiento se recoge en los preceptos de diferentes normas del ordenamiento jurídico español, tales como los Estatutos de Autonomía, la Ley Orgánica del Poder Judicial e, incluso, la Constitución española.

¿Quiénes son aforados en España?

En la actualidad, existen aproximadamente unos 18.000 aforados –redondeando hacia arriba-, sin tener en cuenta a los denominados “aforados parciales”, categoría constituida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Contando a estos últimos, la cifra ascendería a unos 280.200 aforados, aproximadamente.

Esos 18.000 aforados que mencionábamos al inicio de este apartado no son exclusivamente políticos, sino que también disfrutan de este privilegio otras personalidades, tales como el Rey –la figura del Rey merece un capítulo aparte, pero simplemente matizaremos que al Rey no se le puede juzgar, ni siquiera por actos que haya cometido en su vida privada-; la Familia Real; miembros de la carrera judicial, es decir, jueces y fiscales; o el Defensor del Pueblo –también los defensores del pueblo autonómicos-.

¿Qué tribunales pueden juzgar a los aforados?

Todo depende del cargo que ocupe el aforado en cuestión, pero, a grandes rasgos, los tribunales competentes son:

  • La Sala II Del Tribunal Supremo es competente para juzgar causas penales contra el Presidente del Gobierno y demás miembros del Ejecutivo, y contra Diputados y Senadores, tal y como lo establece la Constitución española en sus artículos 102 y 71.3.
  • Asimismo, el artículo 57.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial también legitima a este mismo tribunal –la Sala II del Tribunal Supremo, se entiende- a juzgar causas contra las siguientes personalidades:
    • Presidentes del Congreso y del Senado
    • Presidente del Consejo General del Poder Judicial
    • Presidente del Tribunal Supremo
    • Presidente del Tribunal Constitucional,
    • Vocales del Consejo General del Poder Judicial,
    • Magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia
    • Presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia
    • Fiscal General del Estado
    • Fiscales de Sala del Tribunal Supremo
    • Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas
    • Presidente y Consejeros del Consejo de Estado
    • Defensor del Pueblo
  • La Sala de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, en virtud del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conoce las causas contra jueces, magistrados y fiscales por delitos y faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma en la que desempeñen su labor, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.
  • En el caso de los políticos autonómicos, el tribunal competente será, en principio, el Tribunal Superior de Justicia de cada autonomía, si bien, en algunos casos, el competente es el Tribunal Supremo. Todo depende de los Estatutos de Autonomía.

¿Es el aforamiento una figura única de nuestro país o existe en otros países?

El aforamiento no es una figura exclusiva de España, si bien no existe ningún otro país en el que existan precedentes semejantes a los de nuestro país. Así, en nuestra vecina Francia sólo están aforados el Presidente de la República, el Primer Ministro y sus Ministros. En Portugal e Italia sólo está aforado el Presidente de la República. Y en Alemania, así como en Reino Unido y EEUU –si bien éstos dos últimos son anglosajones y cuentan con un sistema judicial diferente-, directamente, no existe el aforamiento.

En definitiva, huelga decir que Spain is different.

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