ACUERDO UE-TURQUÍA PARA DEVOLVER A LOS REFUGIADOS IRREGULARES A TURQUÍA: ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LEGALIDAD

Este domingo, 20 de marzo de 2016, marca un nuevo hito para el derecho internacional al asilo y la crisis de refugiados sirios que desde hace años viene sufriendo Europa: los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países de la Unión Europea y el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu,  han cerrado el polémico acuerdo sin precedente en la política europea para deportar a Turquía a todo inmigrante y refugiado –incluidos los demandantes de asilo sirios– que, a partir de ahora, llegue de forma irregular a territorio comunitario a través de este país.

A cambio, la Unión Europea, además de correr con la totalidad del gasto de las tramitaciones en fronteras comunitarias y de las repatriaciones, acoge una serie de compromisos que muestran su desesperación por lograr un acuerdo a toda costa y lo antes posible:

– Acoger una cifra de refugiados equivalente a las devoluciones realizadas. “Por cada sirio que sea devuelto a Turquía desde las islas griegas, otro sirio será reasentado desde Turquía a la UE”, recoge el texto de acuerdo, como incentivo para que Ankara acepte de vuelta a los refugiados sirios. ;

– Ampliar los 3.000 millones destinados por la Unión Europea a Ankara para atender a sus refugiados sirios durante dos años. Los Veintiocho se comprometen a acelerar el desembolso de los 3.000 millones de euros acordados en 2015 para la acogida de refugiados por Turquía, así como a otorgar una financiación adicional de hasta otros 3.000 millones de euros hasta finales de 2018;

– Eximir a los ciudadanos turcos de la necesidad de visado para viajar a territorio comunitario a partir de junio. A cambio, Turquía deberá cumplir todos los requisitos exigidos por el Consejo Europeo y la Eurocámara;

– Avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea “tan pronto como sea posible”;

–  Mejorar “las condiciones humanitarias dentro de Siria fijando zonas humanitarias seguras”.

Un acuerdo polémico

Desde el pasado 7 de marzo, en el que el anuncio del preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía amenazaba el derecho internacional al asilo y la vida de miles de personas desamparadas en busca de refugio en territorio comunitario, son múltiples las voces que a nivel internacional se han venido manifestando en contra de éste por su dudosa legalidad, humanidad y moralidad.

Sin ir más lejos, el reciente miércoles 16 de marzo, 52 ciudades españolas se movilizaron junto con más de 120 sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales en contra de este preacuerdo enarbolando pancartas que clamaban “UE, inhumana contra los refugiados”, “UE, responsable criminal” y “ningún ser humano es ilegal”, y algunos ayuntamientos –Castellar del Vallés y Sabadell (Barcelona, Pontevedra, San Fernando de Henares (Madrid), Marbella (Málaga), Cambil, Canena, Huelma, Lupión, Villatorres, Vilches y Torredonjimeno (Jaén), entre otros– arriaron la bandera de la UE en los consistorios en señal de protesta.

Asimismo, ese mismo día, el Congreso de Diputados español acordaba por unanimidad su posición en contra de cualquier acuerdo con Turquía que establezca “expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la UE”.

Los mensajes desde del Consejo Europeo, no obstante, eran contundentes. “Las medidas tomadas envían el mensaje claro de que los días de la migración irregular se han acabado”, declaró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Por su parte, el primer ministro turco lo justifica con un aire más solidario al afirmar que su objetivo es “desincentivar la inmigración ilegal y evitar la actividad de las mafias (…) es un objetivo humanitario, no queremos ver mujeres y niños muriendo en nuestros mares”.

Sin embargo, resulta cuanto menos difícil atisbar el lado humano en este pacto motivado por la desesperación por frenar el flujo migratorio e intereses nacionales, que en nada salvaguarda las garantías de los refugiados según el derecho internacional y que pone patas arriba las políticas europeas de asilo y de inmigración al permitir la devolución en bloque de refugiados.

Dudosa legalidad

Con independencia del desacuerdo y aflicción que pueda provocar el acuerdo UE-Turquía en cuanto al trato otorgado a los millones de personas que llaman a nuestras fronteras en busca de ayuda y refugio, este pacto también ha suscitado una grave controversia sobre la interpretación del espíritu y letra de los principales instrumentos jurídicos comunitarios e internacionales en materia de asilo.

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

En primer lugar, este acuerdo se enfrenta a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por un lado, no se cumple la obligación de examinar el dossier de solicitud del demandante de asilo, si no que la expulsión se realiza de forma automática y acelerada. Y, por otra, se incumple de pleno su artículo 19, en el que se prohíben de forma expresa las expulsiones colectivas. Según este texto, un acuerdo que acoja un retorno en bloque de todos los individuos de un país a un tercer país no es acorde con la legislación europea y, sin embargo, esto es lo que justamente se propone en el acuerdo UE-Turquía, la expulsión a territorio turco de todo migrante irregular que llegue a través de las costas griegas.

Convención de Ginebra de 1951

En segundo lugar, también atenta contra el espíritu de la Convención de Ginebra de 1951, que consagró por primera vez el derecho de asilo y refugio, y determina que “ningún Estado podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”. Por otro lado , tal y como afirmó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la directiva de asilo acoge la posibilidad de no atender a una solicitud de asilo si el demandante llega desde un tercer país considerado seguro. Por tanto,  la controversia estriba en el discutido reconocimiento de Turquía como un “país seguro”.

El primer problema para considerar a Turquía como un país seguro se encuentra en su legislación misma: Ankara sólo ofrece protección total a los europeos, no a los refugiados. Actualmente, los europeos son los únicos ciudadanos que tienen derecho a solicitar asilo en el país; los refugiados sirios recibirán el denominado “status de refugiado especial”, no pudiendo disfrutar de la protección total garantizada por la Convención de Ginebra. Además, existen numerosas denuncias de abusos sufridos por refugiados y demandantes de asilo, muchas respaldadas por Amnistía Internacional, por trato denigrante, violencia física y psicológica, y repatriaciones forzosas de refugiados sirios e iraquíes a sus países de origen desde Turquía.

Tampoco empujan a confiar en éste los continuos ataques a la libertad de prensa, el conflicto con los separatistas turcos y el autoritarismo del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Acuerdos de Schengen

En tercer lugar, y sin la pretensión de acotar la totalidad de textos legales comunitarios e internacionales con los que confronta el reciente acuerdo, hemos de citar los Acuerdos de Schengen. Éstos también han sido víctimas de una unilateral y arbitraria interpretación por parte de los negociantes europeos quienes, con único motivo de lograr un acuerdo lo antes posible y a toda costa, se han doblegado frente a Turquía y han aceptado eximir a los ciudadanos de éste de la necesidad de visado para viajar y circular libremente por territorio comunitario a partir de junio.

Posición del Tribunal de justicia de la Unión Europea

Como no podía ser de otra manera, el Tribunal de la UE avala la expulsión de refugiados a terceros países seguros y, justo antes de la toma de acuerdo de los Veintiocho con Turquía, emite una sentencia que facilita el mismo.

La sentencia, que llega en el momento idóneo tras la grandísima controversia suscitada, versa sobre el caso de Shiraz Baig Mirza, un paquistaní que, procedente de Serbia, entró ilegalmente en Hungría en agosto de 2015 demandando asilo. Una vez obtenido, abandonó su lugar de residencia para llegar a Austria, siendo arrestado en la República Checa. Readmitido nuevamente en Hungría, en noviembre de 2015 ésta rechazó la solicitud de asilo alegando que Serbia era un tercer país seguro.

La importancia de esta sentencia para el acuerdo UE-Turquía radica en la interpretación que hace el Tribunal del derecho comunitario en favor de la posibilidad de los Estados miembros de enviar a un solicitante de protección internacional a un país tercero seguro, con independencia de que se trate del Estado miembro responsable de la tramitación de la solicitud o de otro Estado miembro.

Así pues, la Corte europea asegura que el acuerdo adoptado por los Veintiocho y Turquía es completamente conforme con Reglamento de Dublín, regulador del derecho de asilo y que está a punto de ser modificado, dando rienda suelta a la devolución a Turquía de los refugiados que lleguen de forma irregular a las costas griegas desde aquél.

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