LA INFANTA CRISTINA NO SE LIBRA DEL BANQUILLO EN EL CASO NÓOS. DOCTRINA BOTÍN Y DOCTRINA ATUTXA

Este pasado martes se reanudó el célebre Caso Nóos dando comienzo al juicio en el que, por primera vez en la historia, la hermana de un Rey en ejercicio se sentará con todas las consecuencias legales ante una autoridad judicial.

La Infanta Cristina de Borbón, hermana del Rey Felipe VI y acusada de un presunto delito de cooperación en dos delitos tributarios que habría cometido su marido, Iñaki Urdangarin, a través de la compañía Aizoon S.L. que compartían al 50%, pudo librarse hasta en dos ocasiones de ser enjuiciada. La primera, cuando la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca desestimó su imputación alegando que no había indicios suficientes que fundaran la cooperación de la Infanta en trama urdida por su marido. Y la segunda, cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron al tribunal que aplicara la Doctrina Botín para librarla del banquillo.

Sin embargo, nos encontramos con que la hermana del rey Felipe VI continúa procesada y declarará el día 26 de febrero por decisión del tribunal que enjuicia el Caso Nóos, que ha desechado finalmente la Doctrina Botín a cambio de la denominada Doctrina Atutxa.

¿Qué es lo que realmente ha pasado con la imputación de la Infanta y qué quieren estas dos doctrinas de nombre cuanto menos peculiar?

Doctrina Botín

Con origen en la Sentencia del Tribunal Supremo número 1045, de 17 de diciembre de2007,  permitió al banquero que le dio nombre, Emilio Botín, librarse de ser juzgado por el caso de cesiones de crédito comercializadas por el Banco Santader por no existir ni acusación del Fiscal ni de la Acusación particular.

Y es que la Doctrina Botín es aquella interpretación jurisprudencial del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (controvertido tras la reforma operada por la Ley 38/2002) según la cual la Acusación popular –aquella que puede ejercer cualquier ciudadano en defensa de la legalidad, aunque no haya sido víctima directa de los hechos investigados– no es suficiente para sentar en el banquillo a una persona si además no existe acusación contra ella por parte del Ministerio Fiscal o la Acusación particular –la ejercida por el perjudicado directo o víctima del delito que se juzga.

Doctrina Botín = La Acusación particular NO puede sostener una acusación si no concurre la acusación del Fiscal o la de la víctima

Doctrina Atutxa

Poco más de un año después, el 8 de abril de 2008, el Tribunal Supremo dicta otra resolución en sentido contrario a la anterior condenando al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo parlamentario “Sozialista Abertzaleak”, cuya acusación solamente la sostenía la Acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias.

¿Cuál fue el argumento del Tribunal Supremo en este caso?

El matiz reside en la naturaleza del delito. Según la Doctrina Atutxa, la Acusación popular resulta suficiente por sí sola para enjuiciar a una persona cuando el delito afecte a intereses colectivos.

Doctrina Atutxa = La Acusación popular puede sostener una acusación aunque no concurra la acusación del Fiscal o la de la víctima si se trata de un delito que afecta a intereses colectivos.

Imputación de la Infanta Cristina en el Caso Nóos

El caso de la Infanta coincide con el de Atutxa en cuanto que, teniendo de su lado al Fiscal y a la Abogacía del Estado, que representa al Gobierno y Hacienda de Baleares, sólo es acusada por la acción que ejerce el sindicato Manos Limpias como Acusación popular, que la considera cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarin, pidiendo por ello ocho años de prisión para la hermana del Rey.

La cuestión estriba, por tanto, en la interpretación que el tribunal que enjuicia el Caso Nóos haga sobre naturaleza colectiva o privada de los delitos contra la Hacienda Pública que se le imputan a la hija de Juan Carlos I.

A este respecto, la Audiencia Provincial de Baleares fue concluyente en el Auto emitido el 29 de enero de 2016. En esta resolución, el tribunal sostiene que el bien jurídico protegido por el delito de fraude a la Hacienda Pública por el que se acusa a la Infanta es de naturaleza colectiva, supraindividual y difusa, no pudiéndose considerar a la Hacienda Pública Estatal como un único, concreto y determinado perjudicado o víctima. Por lo tanto, aunque dicho organismo estatal se vea representado en juicio por la Abogacía del Estado, el hecho de que ésta no ejerza la acusación contra la Infanta no puede cerrar las puertas a la representación de  los intereses colectivos a través de la Acusación popular y la Infanta Cristina habrá de comparecer en el juicio por el Caso Nóos como procesada en la causa.

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